Por Adriana Varillas
Ya era suficiente el estar ante un fenómeno relativamente nuevo que, cinco años después de hacer crisis, ya no lo es tanto; ya suficiente era lidiar con la burocracia y su caudal de trámites; ya suficiente era perderse entre la desorganización gubernamental, el desdén a los científicos, las ambiciones de empresarios y funcionarios públicos que en todo ven oportunidad de lucro y negocio.
Ya era suficiente con los protagonismos y con la ausencia de recursos para atender un problema prioritario, entre tantas otras prioridades.
Sin embargo, como si no bastara, la problemática del sargazo en el Caribe Mexicano corre el riesgo de entramparse en el lodazal de la política, mientras el fenómeno natural crece, recubre las playas, le pega a la imagen de los centros turísticos, provoca cancelaciones de viajeros, afecta el bolsillo de prestadores de servicios turísticos, de familias que viven de esa industria y destruye el ecosistema costero que nos da de comer a todas y a todos: Las playas y los arrecifes de coral, cambiando el azul indescriptible de nuestras aguas, por indeseables tonalidades en ocre.
Estamos a mayo y el gobierno federal no ha destinado un solo peso para poner en marcha alguna de las propuestas presentadas para atender el fenómeno, que coinciden básicamente en cosechar el sargazo en mar abierto, para que no llegue y se acumule en la costa, lo que incluye la colecta de las algas que alcancen a llegar a la orilla del litoral, separarlas y darles otro uso.
Uno de los argumentos o excusas para no liberar el dinero, es la opacidad del gobierno de Quintana Roo, que no ha rendido un informe público, sobre cuánto, cómo y en qué, se ejercieron los 62 millones de pesos que obtuvo del Fonden, el año pasado, sumados a los 240 millones del presupuesto estatal, usados para la colocación de barreras ecológicas y otros 218 millones, que se ignora si solicitó o no a la federación.
Acaso el detalle y desglose de lo que se gastó, exista, pero el problema es que no se ha transparentado públicamente como lo amerita un problema de tamañas dimensiones y un recurso de esa magnitud, así que esta omisión dio entrada a un punto de acuerdo presentado por la senadora quintanarroense, por Morena, Marybel Villegas, para exhortar a la Auditoria Superior de la Federación y a la del estado, a fiscalizar esos recursos, provengan del gobierno federal o de la propia autoridad estatal.
La senadora, quien ha sido abierta y consistentemente crítica al gobierno de Carlos Joaquín, sumó además acusaciones sobre las empresas contratadas para la instalación de las barreras, deslizando incluso un posible tráfico de influencias o un conflicto de interés.
Su exhorto, a todas luces oportuno en términos de rendición de cuentas, no incluyó una solución para hacerse de recursos que ayuden a Quintana Roo a solucionar la emergencia y pareciera “una forma de echar culpas”, según lo expresado por el senador, Damián Zepeda.
La senadora, Xochitl Gálvez, pidió a Villegas Canché que presentara pruebas y la invitó a promover una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, por corrupción, con la promesa de respaldarla, pero sin olvidar que lo urgente era disponer de recursos a tiempo y dejar de lado “la politiquería”.
Ojalá una contingencia tan grave como lo es el sargazo, no termine como arma política, ni como negocio particular de nadie. Permitirlo, sería un suicidio, incluso político.
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