El tema que hoy enciende la indignación general es, sin duda, el colosal atraco de las empresas farmacéuticas al tesoro público con la obligada complicidad de diversos funcionarios del sexenio anterior. Más aún, no se trata sólo de un atraco, sino de un atentado criminal contra la salud de decenas de millones de mexicanos que hoy por hoy sufren un amañado desabasto de medicinas.
Los números más recientes del asalto dicen que, por lo menos en el 2018, se timaron 90 mil millones de pesos, si bien la cantidad podría ser mayor pues sigue abierta la investigación. Con tal parámetro, en este sector, en el gobierno de Peña Nieto se desfalcarían 540 mil millones de pesos. Así se comprende el proverbial desabasto de medicinas de los hospitales públicos.
Las indagatorias alcanzan a varias secretarias estatales de salud, como la de Veracruz, si bien hay otros estados bajo investigación. No resultaría extraño que uno de estos supiéramos de nuevos trafiques del exgobernador Roberto Borge. No olvidemos que el Hospital General de Cancún supuso una inversión de unos mil millones de pesos, pero su costo real fue de apenas 350 millones.
Por razones de espacio no se abundará aquí respecto de cómo se dieron las operaciones financieras que llevaron al colosal desfalco, aunque no se puede evitar exhibir la desvergüenza de las farmacéuticas que, ya sin máscara, amagaron con no vender más medicinas al gobierno. De allí el que se abriera la posibilidad de comprar fuera del país los insumos que se requieran.
Comente al comienzo que, antes que de un desfalco, se trataba de un crimen. Las transas de los exfuncionarios sumadas al alevoso desabasto de las fármacos dieron como resultado que millones de mexicanos sufrieran y sufran todavía una insuficiente atención médica y ello se tradujo y se traduce aún, por desgracia, en pérdidas de vidas, y en esto no hay exageración alguna.
Para Notifórmula AM comentó para ustedes Nicolás duran de la Sierra.
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