Por Adriana Varillas
Cancún es la única ciudad del sureste mexicano y de la Península de Yucatán, en donde el gobierno federal desplegará elementos de la Guardia Nacional para hacer frente a la violencia y a la inseguridad que padece esta ciudad que es nuestra.
Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Manzanillo, Cajeme, Monterrey, Coatzacoalcos, Reynosa, Ecatepec, Lagos de Moreno, Guadalajara, Culiacán, Ciudad Cuauhtémoc, Salamanca e Irapuato, son junto con Cancún, ciudades prioritarias para el gobierno federal que están ubicadas como focos rojos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por su alto índice delictivo.
La dependencia dio a conocer que en este tipo de ciudades serán enviados, en los próximos meses, 600 elementos de la Guardia Nacional, cuyo estado de fuerza alcanza los 80 mil efectivos.
Entre las interrogantes que gravitan en la escena, está cuánto costará al gobierno de Quintana Roo, el recibir a este nuevo grupo de seguridad, de dónde saldrán esos recursos y si estarían ya presupuestados o se tomarán de lo asignado para las tareas de seguridad.
Sucede que en las reformas constitucionales aprobadas para la reciente creación de la Guardia Nacional, se establece que deben expedirse una serie de leyes secundarias.
Una de ellas es la Ley de la Guardia Nacional, la cual delimitará los lineamientos de coordinación entre el nuevo grupo policiaco y las fuerzas de seguridad pública locales.
Esa misma ley definirá las reglas para determinar los montos de las aportaciones que pagarán estados y municipios al gobierno federal, para el envío y recepción de la Guardia Nacional.
La citada ley debe expedirse a partir de los 60 días de haber entrado en vigor el decreto que da vida a la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 26 de marzo pasado.
Mientras se elabora y expide, es importante ir conociendo los alcances de este nuevo grupo policiaco de carácter civil, que tiene facultades para combatir todos los delitos, es decir, tanto los federales como los locales y, a petición de un ministerio público, puede investigar y dar cumplimiento a órdenes de aprehensión y cateo.
Las personas detenidas por la Guardia Nacional, deben ser puestas a disposición, de inmediato, ante un ministerio público y cumplir con un registro transparente de detención, que estará contenido en otra de las leyes secundarias, llamada Ley Nacional del Registro de Detenciones, que debe ser expedida 90 días después de entrada en vigor, la Guardia Nacional.
Una interrogante más, es cómo será la coordinación que este cuerpo policiaco tendrá con estados y municipios, especialmente en aquellos en donde opera o se piensa aplicar el Mando Único. ¿Quién estará a la cabeza de esa línea de mando, la Guardia o Seguridad Pública?
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